Con la Ley de Emprendedores, que entró en vigor en septiembre de 2013, la legislación española comenzó a reconocer el «visado de oro» (Visa) para los extranjeros no comunitarios, otorgándoles un permiso de residencia y trabajo, no sólo para el titular inversor, sino también para toda la familia (cónyuge o pareja de hecho, hijos y ascendientes a cargo). 

Esta Ley prevé la concesión de un visado de residencia y trabajo, mediante un procedimiento especial, para los extranjeros que realicen una inversión monetaria significativa en España, considerándose así cualquiera de las siguientes inversiones iniciales:- Dos millones de euros en deuda pública española;- Un millón en acciones o participaciones en sociedades de capital;- Un millón en fondos de inversión;- Un millón de euros en depósitos bancarios;- Quinientos mil euros en bienes inmuebles situados en territorio español.

La Ley de Emprendedores también prevé la posibilidad de conceder un visado de trabajo a los emprendedores extranjeros que presenten un proyecto empresarial en España que se considere de «interés general». Se tendrán en cuenta los proyectos empresariales que generen empleo, que tengan un impacto económico significativo en la región geográfica en la que se desarrollen o que aporten una innovación científica o tecnológica relevante para el país.

En ambos procesos se exigirá la presentación de un Proyecto de Empresa, que deberá ser aprobado por la Oficina Económica y Comercial de España, en el caso de grandes inversores, o por la Subdelegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma en la que se vaya a desarrollar la actividad económica, en el caso del permiso de residencia y trabajo para autónomos.

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